Problemáticas Criminológicas como Objeto de Política Pública: Enfoques Preventivos, Punitivos y Restaurativos. La Construcción Social del Delito y la Agenda Pública
Las problemáticas criminológicas constituyen un campo central para la formulación de políticas públicas, dado su impacto directo en la seguridad y el bienestar social. César Oliveira de Barros Leal (s.f.) aborda este tema desde la perspectiva de la prevención y el control social como instrumentos de política criminal, enfatizando la importancia de una visión basada en los derechos humanos. El autor contextualiza la criminalidad en escenarios de "urbanización desgobernada, el envilecimiento progresivo de las condiciones de supervivencia, la miseria ominosa, el desempleo crónico, el bajo nivel de educación, el consumo y el tráfico de drogas, la lentitud en la impartición de la justicia, el colapso del sistema penitenciario y la impunidad dominante"
El texto de Barros Leal (s.f.) pone de manifiesto la angustia y el temor de los ciudadanos frente a la violencia omnipresente, un sentimiento que impulsa la demanda por seguridad y, consecuentemente, moldea la agenda pública. La construcción social del delito, entendida como la forma en que la sociedad percibe, define y reacciona ante los actos criminales, ejerce una influencia significativa en las prioridades de política pública. Cuando los habitantes viven "amedrentados con la violencia omnipresente, [y] viven angustiados, con recelo de salir a las calles, ante la creciente inseguridad que enfrentan en lo cotidiano" (Barros Leal, s.f., p. 1), esta percepción se traduce en una presión para que el Estado actúe, priorizando el control del crimen en la agenda gubernamental. Esta demanda social, a menudo, se orienta hacia enfoques específicos que pueden ser de naturaleza preventiva, punitiva o restaurativa.
Enfoques Preventivos: Barros Leal (s.f.) dedica gran parte de su análisis a la prevención, distinguiéndola del control social represivo. Sugiere que una verdadera seguridad para los habitantes va más allá de la mera ausencia de victimización delictiva, abarcando la capacidad de vivir en un estado de derecho constitucional y la participación en los beneficios del desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio (Barros Leal, s.f., p. 109). Esto implica que las políticas preventivas no se limitan a la vigilancia o la disuasión directa del delito, sino que deben abordar sus causas estructurales. La prevención social del delito, por ejemplo, se enfocaría en mejorar los indicadores sociales como la educación, reducir el desempleo, combatir la miseria y mejorar las condiciones de vida, reconociendo que estos factores son coadyuvantes en el incremento del crimen (Barros Leal, s.f., p. 1). Este enfoque proactivo busca reducir las oportunidades para delinquir y fortalecer los factores de protección social que desincentivan la conducta criminal.
Enfoques Punitivos: Aunque el texto de Barros Leal (s.f.) aboga por una visión más amplia de la seguridad que integra la prevención, reconoce implícitamente la existencia de un componente punitivo en la política criminal. La mención del "colapso del sistema penitenciario" y la "impunidad dominante" (Barros Leal, s.f., p. 1) alude directamente a las deficiencias en la aplicación de la pena y el control estatal represivo. Las políticas punitivas se centran en la disuasión a través de la amenaza de castigo, la incapacitación de los delincuentes mediante el encarcelamiento y la retribución por el daño causado. La demanda de seguridad de los ciudadanos a menudo se traduce en presión por un aumento de las penas, una mayor presencia policial y una justicia más expedita. Sin embargo, Barros Leal (s.f.) sugiere que un enfoque puramente punitivo es insuficiente si no se abordan las raíces del problema y si el sistema penitenciario está en crisis, lo que podría conducir a más problemas que soluciones.
Enfoques Restaurativos: Aunque no explícitamente nombrado como tal, el concepto de "desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio" y que implica la participación en los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda y recreación (Barros Leal, s.f., p. 109), se alinea con la filosofía subyacente a los enfoques restaurativos. Estos enfoques, en el contexto criminológico, buscan reparar el daño causado por el delito, restaurar las relaciones afectadas y reintegrar tanto a la víctima como al ofensor en la comunidad. Se centran en la responsabilización, el diálogo y la reparación del tejido social. Si bien el documento no profundiza en mecanismos específicos de justicia restaurativa, la visión holística de seguridad que propone Barros Leal (s.f.) al considerar el bienestar social y la participación como elementos clave para la seguridad de los habitantes, sienta las bases para políticas que van más allá del castigo y buscan una reintegración y sanación social. La referencia a la necesidad de "abordar las formas tradicionales de criminalidad" sin "desconocer la gravedad de otros delitos con frecuencia impunes, tales como los de corrupción, delincuencia económica transnacional y tráfico ilícito de drogas" (Barros Leal, s.f., p. 109) también sugiere una comprensión de la justicia que busca reparar daños sistémicos.
Actores y Redes en la Política Pública: Actores Gubernamentales y No Gubernamentales; Sociedad Civil, Medios de Comunicación, Organismos Internacionales; Redes de Políticas y Coaliciones de Defensa
La implementación de cualquier política pública, ya sea social o criminal, es un proceso intrínsecamente relacional que depende de la interacción y coordinación de una multiplicidad de actores. El estudio de Aguirre Henao y Granada Vahos (s.f.) sobre la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez en municipios colombianos ofrece un modelo claro de cómo operan estas dinámicas, un modelo que es extrapolable al ámbito criminológico.
Actores Gubernamentales y No Gubernamentales: Los actores gubernamentales son los pilares institucionales responsables de la formulación, financiación y ejecución de las políticas. En el contexto de la política criminal, esto incluye ministerios de justicia, seguridad, defensa, fiscalías, poderes judiciales y fuerzas policiales. Son quienes establecen el marco legal, asignan presupuestos y dictan las directrices de acción. La eficacia de las políticas criminales depende en gran medida de su capacidad para operar de forma coordinada, adaptar las normativas a las realidades locales y garantizar la rendición de cuentas.
Los actores no gubernamentales son esenciales para complementar y, a menudo, legitimar la acción estatal. Aguirre Henao y Granada Vahos (s.f.) mencionan categorías como "económicos, académicos, sociales y comunitarios" (p. 277). Aplicado a la política criminal, esto podría incluir:
- Actores económicos: Empresas de seguridad privada, aseguradoras, o fundaciones corporativas que financian programas de prevención del delito.
- Actores académicos: Universidades y centros de investigación criminológica que aportan evidencia científica, análisis de tendencias delictivas y evaluaciones de programas, informando el diseño de políticas basadas en la evidencia.
- Actores sociales y comunitarios: Organizaciones de víctimas, grupos de apoyo para ex-convictos, asociaciones vecinales que promueven la seguridad comunitaria, o grupos que trabajan en la prevención de la violencia. Estos actores son cruciales para la detección temprana de problemas, la movilización ciudadana y la implementación de programas a nivel de base.
La relevancia de estos actores radica en que "existe una relación entre el número de acciones implementadas y el número de actores, estableciendo con ello la necesidad y la importancia del involucramiento de participantes con diferentes recursos y capacidades"
Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Organismos Internacionales:
La sociedad civil es un componente dinámico de los actores no gubernamentales. En el ámbito criminológico, incluye grupos de defensa de derechos humanos, organizaciones de víctimas del crimen, colectivos que abogan por reformas en el sistema de justicia penal o por enfoques alternativos a la punitividad. Estos grupos actúan como fiscalizadores de la acción estatal, promotores de nuevas ideas y, a menudo, proveedores directos de servicios (como asistencia legal o apoyo psicológico a víctimas). Su capacidad de movilización y presión ciudadana puede influir directamente en la priorización de problemáticas criminológicas en la agenda pública.
Los medios de comunicación, aunque no específicamente nombrados en el resumen de Aguirre Henao y Granada Vahos (s.f.), juegan un rol fundamental en la construcción social del delito y en la configuración de la agenda pública de seguridad. Tienen el poder de amplificar la percepción del miedo al crimen, destacar ciertos tipos de delitos sobre otros, y perfilar a los delincuentes, lo que a su vez puede generar presión ciudadana y política para adoptar enfoques más punitivos o, en algunos casos, para visibilizar las fallas del sistema y demandar reformas. Su influencia en la narrativa pública sobre el crimen es innegable.
Los organismos internacionales tienen un papel significativo en la política criminal, especialmente en la promoción de estándares de derechos humanos, el combate a la criminalidad transnacional (como el tráfico de drogas o la trata de personas, mencionados por Barros Leal, s.f., p. 109) y la difusión de buenas prácticas. Entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pueden proveer asistencia técnica, financiación y marcos normativos que influyen en las políticas criminales nacionales y regionales. Su autoridad moral y capacidad de movilización de recursos los convierten en actores influyentes en la definición de agendas globales y en la adaptación de enfoques internacionales a contextos locales.
Redes de Políticas y Coaliciones de Defensa:
La interacción entre todos estos actores se articula en redes de políticas y coaliciones de defensa. Las redes de políticas son configuraciones más o menos estables de actores, tanto estatales como no estatales, que comparten conocimientos, intereses o recursos en un área específica de política pública. En el ámbito criminológico, una red podría incluir a jueces, fiscales, académicos, representantes de ONG de derechos humanos, y líderes comunitarios que se reúnen para discutir y coordinar estrategias sobre la prevención de la violencia juvenil o la reforma penitenciaria. Estas redes facilitan el intercambio de información, la construcción de consensos y la identificación de soluciones innovadoras.
Las coaliciones de defensa son subconjuntos de estas redes donde grupos de actores, con un sistema de creencias compartidas, se unen para promover una visión particular o para defender una causa en la arena política. Por ejemplo, una coalición de defensa podría estar formada por organizaciones de víctimas, asociaciones de policías y ciertos partidos políticos que abogan por leyes más estrictas y penas más severas. Otra coalición podría incluir a defensores de derechos humanos, académicos críticos y organizaciones comunitarias que promueven alternativas al encarcelamiento y enfoques de justicia restaurativa. El trabajo de Sabatier y Jenkins-Smith (1993, citados en Aguirre Henao & Granada Vahos, s.f., p. 304) sobre el "Advocacy Coalition Framework" resalta cómo estas coaliciones compiten y colaboran para influir en el cambio de políticas.
La efectividad de la política pública, incluyendo la criminal, no solo reside en la calidad de su diseño o en la asignación de recursos, sino en la capacidad de estas redes para movilizar y coordinar a los diversos actores. Como sugiere la investigación de Aguirre Henao y Granada Vahos (s.f.), una mayor diversidad y número de actores involucrados se correlaciona con un mayor número de acciones implementadas, lo que subraya la vitalidad de estas redes para la operativización de las políticas públicas.
Referencias
Aguirre Henao, C. D., & Granada Vahos, J. G. (s.f.). Actores de política pública. La implementación de la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez en Medellín, Envigado, Bello y Barbosa, 2016-2019.
Barros Leal, C. O. de. (s.f.). Alcances y perspectivas de la prevención y del control social como instrumentos de política criminal (Una visión del problema a la luz de los derechos humanos). [Título de la revista o publicación, si estuviera disponible, o indicar si es un documento de trabajo/capítulo de libro, con página de inicio y fin si es parte de una obra mayor].https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28544.pdf
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